lunes, 30 de septiembre de 2013

La Audiencia ordena investigar la venta de las tarjetas del 11-M

La juez deberá averiguar si fueron ‘suministradas’ por Zougam como dice la sentencia de Bermúdez o vendidas en el mostrador como dijo su socio
La Sala considera que existe una ‘evidente relación’ entre este asunto y la causa por falso testimonio contra las rumanas que reconocieron al condenado
Afirma que denegar esa prueba con ‘una fórmula estereotipada’, como hizo la instructora del caso, supone ‘vulnerar’ el derecho a defensa de Zougam

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar si en efecto las tarjetas utilizadas en las mochilas bomba del 11-M fueron «suministradas» al grupo terrorista por Jamal Zougam, como se afirma en la sentencia por el atentado, o si por el contrario fueron despachadas en el mostrador en una venta ordinaria atendida por un empleado del locutorio del marroquí, que se dedicaba a la distribución de todo tipo de productos de telefonía en el barrio de Lavapiés, el de mayor presencia de musulmanes.

La decisión, que afecta al núcleo mismo del fundamento de la condena a Zougam como único autor vivo de los 191 asesinatos terroristas, fue adoptada la semana pasada por unanimidad de tres magistrados de la Sección Penal Cuarta por su «evidente relación» con la imputación por falso testimonio contra las dos ciudadanas rumanas que en el juicio aseguraron haber visto al marroquí en los trenes, determinando así una pena para él de 40.000 años de cárcel. Los dos pilares de la condena contra Zougam –los testigos, única «prueba de cargo», y las tarjetas– están ya de hecho abiertamente cuestionados por una autoridad judicial.

Las dos mujeres están citadas pasado mañana, miércoles, para declarar en el juzgado. En esa comparecencia, deberán aclarar las múltiples contradicciones y extrañas circunstancias que rodean su testimonio, puestas de manifiesto en 2011 tras una investigación de este diario –la Audiencia ordenó admitir la querella por esas «nuevas revelaciones que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento del enjuiciamiento del atentado del 11-M por el tribunal enjuiciador»– y confirmadas en buena parte durante la lentísima instrucción del procedimiento.

La resolución de la Audiencia de Madrid obliga al Juzgado de Instrucción número 39 de la capital, que dirige la juez Belén Sánchez, a citar como testigos al socio de Jamal Zougam y de su hermano en el locutorio de Lavapiés, Mohamed Bakkali, y a su empleado Abderrahim Zbakh, como habían pedido los abogados del marroquí y de su familia, Eduardo García Peña y Francisco Andújar.

El auto, que representa un severo reproche a la instrucción de la juez y a la actuación de la fiscal, considera que denegar esas pruebas «entraña la vulneración del derecho» de Jamal Zougam «a no sufrir indefensión». El tribunal amonesta a la instructora por haberlas rechazado con «una fórmula estereotipada», «sin expresar la razón de su falta de pertinencia» ni justificarlo «suficiente ni razonablemente», pese a su «evidente relación con el objeto de este proceso». En su recurso, los abogados del marroquí recordaban que la propia juez y la defensa de las rumanas imputadas centraron buena parte de su interrogatorio a Zougam en enero en la actividad de su locutorio.

Ni Bakkali ni Zbakh fueron llamados para comparecer en el juicio del 11-M. Del primero, sin embargo, consta una declaración referente a la venta de las tarjetas en el sumario que instruyó el juez Juan del Olmo, de la que no se hace ninguna mención en la sentencia que redactó el magistrado Javier Gómez Bermúdez.

Está en los folios 15.415 y siguientes de aquel procedimiento y tuvo lugar el 8 de junio de 2004, cuando Bakkali llevaba casi tres meses en prisión bajo la única acusación de ser socio de la tienda abierta al público de la que salieron las tarjetas del 11-M.

El socio de Zougam afirmó entonces ante Del Olmo que las tarjetas fueron despachadas en su presencia por Abderrahim Zbakh «unos 20 o 25 días antes del 11 de marzo de 2004» a «dos personas con acento de Tetuán». El instructor le mostró un anexo de fotografías entre las que reconoció como uno de los compradores a Jamal Ahmidan El Chino, jefe del grupo terrorista que atentó en los trenes.

En concreto, El Chino y su acompañante, según Bakkali, «compraron 10 tarjetas en la tienda por nueve euros cada una». «Al día siguiente, volvió a cambiar una de ellas porque no tenía saldo», abundó. Según dijo, eso mismo lo había manifestado ya ante la Policía cuando fue arrestado, pero entonces no pudo precisar de quién se trataba. Su letrada le llevó fotografías a la cárcel mes y medio después y así pudo identificar a El Chino.

En parecidos términos respondió en una entrevista que aceptó mantener con este diario y que se publicó el 16 de enero de 2012. En la misma, recordaba cómo su abogada le había aconsejado «que no dijese nada [ante Del Olmo]», que se iba «a arriesgar mucho porque El Chino era el autor de los atentados» y podían condenarle.

No fue así. Días más tarde de declarar ante el instructor, Bakkali fue excarcelado junto al hermano de Zougam, Mohamed Chaoui, a petición de la fiscal Olga Sánchez ante la «debilidad» de los indicios que pesaban contra ambos. Zbakh, que había sido detenido poco después del 11-M cuando se presentó voluntariamente en una comisaría, también lo fue, sin que la Policía ni el juez Del Olmo le tomasen declaración acerca de los extremos relatados por Bakkali. Del grupo de detenidos por su relación con las tarjetas en la víspera de las elecciones del 14 de marzo de 2004, sólo Zougam siguió en la cárcel, porque múltiples testigos lo situaban en los cuatro trenes a la vez después de que la Policía difundiera su imagen en los medios de comunicación.

Ni Bakkali, ni Zbakh, ni Chaoui fueron procesados. A ninguno se le encontró nunca algún vínculo con organizaciones islamistas y los tres cruzan asiduamente la frontera entre Marruecos y España sin ningún problema.

La sentencia de Bermúdez omite, sin embargo, cualquier referencia a esa declaración de Bakkali –probablemente, porque no fue ratificada en la vista oral al no haber sido citado– y afirma en el relato de hechos probados que la tarjeta que se encontró en la mochila de Vallecas «había sido suministrada» al grupo terrorista por Jamal Zougam.

La Audiencia de Madrid, en el auto de junio de 2012 en el que ordenó investigar si las testigos «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral», ya advertía de que Zougam recibió «una pena de prisión de extrema gravedad con fundamento precisamente en las declaraciones que ahora se reputan falsas y cuya falsedad, de resultar acreditada, daría lugar a la revisión» de la condena. Esto es: avisaba de que ninguna sentencia es inatacable.

>Videoanálisis deJoaquín Manso.

La Fiscalía, en evidencia
JOAQUÍN MANSO / Madrid
La contundencia de la Audiencia deja en evidencia a la Fiscalía, que de manera reiterada ha visto cómo sus informes contrarios a avanzar en la investigación eran desatendidos. La Constitución atribuye al Ministerio Fiscal la promoción de «la acción de la Justicia en defensa de la legalidad». Pues bien, en los principales hitos del ‘caso Zougam’, la fiscal Rosa Mayoral ha defendido lo contrario de lo que la juez o, sobre todo, el tribunal han considerado que era la legalidad. Paradójicamente, el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, preguntado en fechas recientes sobre esta causa, declaró que «nadie que haya mentido a la Justicia puede escapar incólume».


El marido y el hermano de C-65 tendrán que declarar

LA Audiencia de Madrid ha ordenado asimismo a la juez que cite a declarar como testigos al marido y al hermano de la testigo protegido C-65. El primero fue aceptado como víctima de los atentados, por lo que cobró una indemnización superior a los 30.000 euros y obtuvo la nacionalidad española. Afirmó en la Audiencia Nacional que viajaba en un tren distinto al de su esposa junto a su cuñado (hermano de la testigo), que también intentó hacerse con los mismos privilegios pero, curiosamente, fue expulsado del procedimiento por no acreditar su condición de afectado.
 
Al procedimiento ha llegado ya el expediente de ambos, remitido desde la Audiencia Nacional, y en él se ponen de manifiesto circunstancias muy sugestivas sobre el fondo de este asunto: el marido afirmó, en efecto, que iba junto a su cuñado, del que dio su nombre y número de teléfono pero omitió, muy llamativamente, su condición de familiar: se refirió a él como «un compañero rumano» del que «no sabe dónde vive e ignora si resultó lesionado».
Aportó, asimismo, el nombre y los datos de otras tres personas que «sabe que también resultaron afectadas por el atentado». Este diario ha identificado a dos de ellas –no a la tercera, un tal «Vasile», sin más precisión– y resulta que las dos se encuentran en el listado de personas que fueron expulsadas del sumario del 11-M e imputadas por simulación de delito. Esto es: por mentir haciéndose pasar por víctimas sin serlo.
Según su relato, habría sido capaz de salir ileso del vagón de Atocha en el que fallecieron una treintena de personas y de llegar por su propio pie hasta su domicilio.

La coherencia del presunto inocente

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, al estimar el recurso de la defensa de Jamal Zougam, obliga a la titular del Juzgado número 39 de Madrid a llamar a declarar a su socio Mohamed Bakkali. Es decir, abre la puerta a determinar si Jamal Zougam vendió o no las tarjetas que usaron los terroristas en los móviles para activar las bombas que causaron la masacre del 11-M.
La sentencia dictada por la Audiencia Nacional (31 de octubre de 2007) daba por hecho que Zougam «suministró» la tarjeta que se encontró en la mochila de Vallecas. Ésa era una de las pruebas aportadas por la Fiscalía para sostener que Zougam fue uno de los autores materiales de la masacre.
Siempre he pensado que el hecho de que las tarjetas fueran vendidas en el local de Zougam era más una prueba de su inocencia que de su culpabilidad. De hecho, éste permaneció en la tienda como si tal cosa el día en que se publicó la aparición de la mochila de Vallecas y los medios contaron con todo detalle la relevancia de dicha tarjeta.
Probablemente, la sociedad española ha pasado ya página del horrible atentado. El marroquí Jamal Zougam es el único condenado como autor material y, en marzo de 2014, cuando se cumplan 10 años de la matanza, él estará a punto de cumplir 10 años en prisión, en régimen de aislamiento.
Después de muchos años de investigación, no tengo prácticamente ninguna duda de que sus autores (al menos, parte de ellos) fueron los llamados suicidas de Leganés. Es decir, que el atentado (con colaboración o no) fue obra de un grupo yihadista. Sin embargo, en paralelo, tengo casi la misma seguridad de que Zougam no tuvo nada que ver con ese atentado.
Si admitimos que la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, establece la verdad judicial sobre los hechos, también hay que admitir que la aparición de hechos nuevos puede, en nuestro sistema penal, hacer variar algunos aspectos sustanciales de la misma. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Si respetamos la sentencia, con la misma lógica, deberíamos admitir que esos hechos nuevos podrían llevar a establecer la inocencia de Jamal Zougam.
Durante su estancia en prisión (en la práctica, su condena es de cadena perpetua), Zougam ha estado sometido a un estrecho control por parte de Instituciones Penitenciarias. Todas sus comunicaciones (en locutorio, telefónicas o postales) han sido supervisadas por la Policía.
Pues bien, durante casi 10 años, Zougam ha mantenido en todas sus conversaciones con abogados, familiares y amigos su versión sobre los hechos. Es decir, que no tuvo nada que ver ni con el atentado ni con los terroristas que lo cometieron.
Citaré algunos ejemplos: en una charla en el locutorio con su madre y sus hermanos, mantenida el 19 marzo de 2006, Zougam afirma: «Nos han detenido para demostrar [los policías] que han hecho su trabajo...». Posteriormente, en otra conversación telefónica con su madre, fechada el 18 de mayo de 2007, dice, cuando ésta le comenta que un funcionario le ha dicho que no es musulmán: «Claro que soy musulmán. Se refiere a que no soy de aquella gente. Son tonterías. Lo he hecho [se refiere a una huelga de hambre] porque soy inocente. Llevo tres años en la cárcel por la cara. No he hecho nada. Estuve trabajando cuando me detuvieron. Cuando los abogados les preguntan por qué me han detenido, no saben qué contestar».
El 8 de mayo de 2009, en una encuentro mantenido en la cárcel con Hamid Hamdi (representante de OMAP, Organización Marroquí de Ayuda a Presos), Zougam manifiesta: «Quien trajo a los auténticos terroristas fue Kamal Ahbar [un islamista que testificó en el juicio]. Los marroquíes que vivían en Santa Coloma, esos se sabía que eran los que hicieron el 11-M...».
Después, en una carta dirigida el 24 de agosto de 2010 a Umar Abdullah (un marroquí que vive en Londres y se dedica a ayudar a los presos), Zougam se queja de no haber tenido «ayuda por parte de asociaciones o individuos, excepto los familiares», e insiste en que a él se le ha utilizado «como un barato chivo expiatorio de la forma más vil, cobarde e inhumana para mantener las mentiras del 11-M».
En una carta al también preso por el 11-M Rafa Zouhier, enviada el 1 de enero de 2013, Zougam reitera: «El 13 de marzo de 2004 irrumpieron en la tienda y nos echaron en la cárcel con mi hermano y dos socios míos en la venta, con la acusación de utilizar las tarjetas en las operaciones del 11-M en Madrid y después que mis socios hayan admitido que son ellos los que vendieron las tarjetas a personas desconocidas en aquel momento, y después de pasar tres meses en la cárcel se les liberó y me quedé yo prisionero hasta ahora por culpa de lo que dijeron las falsas testigos rumanas».
En estos casi 10 años de encarcelamiento en condiciones durísimas (que le han llevado a hacer cinco huelgas de hambre), Zougam nunca ha admitido su participación directa o indirecta en los atentados del 11-M.
Hasta cierto punto, habría sido lógico que un terrorista –en caso de que lo fuera– condenado a cadena perpetua hubiera reconocido al menos a sus amigos o correligionarios su participación en los hechos, o incluso, ante éstos, haber presumido de ello.
Pero la Policía no ha podido constatar ningún contacto con ningún grupo o individuo ligado a grupos yihadistas durante estos casi 10 años.
¿Es lógica esta coherencia en el mantenimiento de su inocencia? Expertos como Fernando Reinares sostienen que «no hay un comportamiento tipo en los presos yihadistas». Por su parte, Rocío Gómez Hermoso (psicólogo forense de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid) señala que la coherencia «depende de la estructura psicológica de la persona; es un dato que hay que tener en cuenta, pero que no nos debe llevar a conclusiones».
No podemos deducir que Zougam sea inocente por el hecho de que haya mantenido su versión. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que, durante 10 años, la Policía no ha encontrado ningún indicio que corrobore la culpabilidad del preso.

viernes, 20 de septiembre de 2013

El fiscal anima a los policías del Faisán a delatar a sus jefes

«Espero que alguno haga lo mismo que Amedo hizo en el GAL» / Prefiere,sin embargo, que se les condene solamente por revelación de secretos

¡RECHACEMOS el catalanismo imperialista que sólo busca la anexión mediante la lengua de los territorios de Baleares, Aragón y Valencia y el sometimiento de sus poblaciones para recaudar sus tributos y esquilmar sus recursos!El fiscal del caso Faisán, Carlos Bautista, sostuvo ayer en su informe final que hay implicados «más arriba» que los dos policías del banquillo, y expuso el método para descubrirlos: «Vamos a esperar, si hay una sentencia condenatoria, a que algún coimputado haga lo que pasó en el GAL con el señor Amedo, es decir, hablar. Entonces, ya será otra cuestión». El fiscal mantuvo la petición con la que llegó a juicio: condenar a Enrique Pamies y José María Ballesteros, preferentemente, por revelación de secretos o, alternativamente, por colaboración terrorista. Durante una hora, Bautista defendió con vehemencia que el relato de hechos probados coincide al milímetro con la versión del equipo investigador, cuyas tesis asumió «íntegramente».

El fiscal sólo reconoció una «falla» en la investigación, muy alejada, eso sí, de las que esgrimen las defensas: que hay otros implicados aún no identificados o contra los que no hay indicios suficientes.

El ausente más evidente es el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, que llegó a estar procesado por encargar el soplo al ex jefe superior del País Vasco. Él sería el primer candidato si alguno de los acusados se decidiera a cantar, pero no sería el único. «Un cierto tufo a conspiración tiene esto», dijo el fiscal al recordar que aún hay teléfonos clave a los que no se ha podido poner nombre.

El Ministerio Público hizo una única modificación de su escrito de acusación y fue para sumarse a la tesis de los investigadores de que el chivatazo tuvo un móvil político. Donde antes se leía que ese móvil no estaba «debidamente acreditado hasta la fecha», ahora debe leerse que el chivatazo buscaba «no afectar una determinada estrategia de lucha contra terrorista». Es decir, no estropear la negociación con ETA que, según recordó el fiscal, tenía abierta en 2006 Rodríguez Zapatero. «La estrategia de la lucha antiterrorista pasaba por eso. Pero, claro, Pamies es el táctico, el que decide cómo se hace el soplo sobre el terreno. La estrategia la hace alguien que no está sobre el terreno...», prosiguió, volviendo a las ausencias en el banquillo.

«Me parece claro que se produjo, por medios criminales, ilícitos y delictivos, una coadyuvación a un objetivo que era legítimo: acabar con ETA mediante un proceso de paz», resumió, insistiendo en que hubo delito, pero haciéndolo bascular lejos de la colaboración a la vista de la intención final de los policías. Con la doble petición de condena por revelación de secretos y colaboración, el fiscal cumplía «a rajatabla» la orden del fiscal general de acusar por una colaboración en la que la Fiscalía de la Audiencia nunca ha creído.

El fiscal desmontó primero y ridiculizó después el elemento más novedoso del juicio: la coartada de Pamies y su confidente. No sólo el Romano debe al mando policial «la hacienda y la vida», lo que cuestiona su credibilidad, sino que el supuesto encuentro en el corazón del País Vasco francés el día del soplo no es creíble porque habría sido «un suicidio». «La cita es una falacia dentro de un bulo envuelto en una mentira», resumió.

No habría sido el Romano el único en mentir. «La señora Teresa ha mentido en el juicio para favorecer a Pamies», dijo rotundo, refiriéndose a la policía de San Sebastián que sirvió de «fuente» a Pamies. Pese a lo terminante de la afirmación, no pidió investigarla por falso testimonio.

El aún hoy jefe superior también debió de revolverse en la silla cuando el fiscal respondió a su frase del lunes de que usar su móvil oficial para el soplo «no se le ocurre ni al que asó la manteca». «Es verdad», concedió Bautista, «pero había cierta sensación de impunidad, o a lo mejor quien era el táctico [Pamies] decidió que quería una prueba contra el estratega [el que le dio la orden usando el mismo teléfono]. O la peor de las opciones, la chapucería nacional, como ya ocurrió en los GAL, cuando alguien gastaba los fondos reservados en el casino. A lo mejor cuando alguien juega a Harryel Sucio acaba convirtiéndose en Torrente».


Goodfellas 

El fiscal Carlos Bautista demostró ayer que conoce al dedillo el sumario sobre el chivatazo. Su exposición de los hechos, en su informe ante el tribunal, demuestra que no ha dejado nada a la improvisación y que su petición de condena a los acusados se basa en una convicción firme, que no deja resquicio a la duda.
Bautista, que ha reconocido que a veces ha llegado a soñar con escenas del chivatazo a ETA, tal era su obsesión sobre este delicado sumario, se permitió incluso algunas licencias que, sin embargo, no desentonaron con un relato preciso y metódico de lo que sucedió el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán.

Comenzó con una mención a la película de Ford CoppolaEl Padrino. Recordó la referencia del jefe de la mafia a «uno de los nuestros», para hacer comprender al tribunal el porqué de algunas declaraciones de jefes policiales. Probablemente, Bautista confundió El Padrino con Goodfellas (traducida como Uno de los nuestros), una película de Martin Scorsese. Un error que no le perdonará su jefe, Eduardo Torres-Dulce.

Pero, en efecto, Enrique Pamies es, para muchos policías, «uno de los nuestros», un funcionario que ha cumplido con su misión y que tiene un historial impecable en la lucha contra ETA.

En un momento de su intervención, Bautista expresó un deseo que llamó la atención del tribunal e incomodó a los acusados: «Que acaben hablando como Amedo en los GAL».

El fiscal está convencido de que Pamies era el «táctico que decidió la estrategia sobre el terreno», pero por encima de él había otros que decidieron lo que había que hacer. El Ministerio Público coincide con la tesis del responsable de la investigación, Carlos Germán, quien ha manifestado que el soplo tenía una «finalidad política».

Para Bautista, el chivatazo tenía como objetivo «evitar la detención de Gorka Aguirre (dirigente del PNV y miembro de la trama de extorsión) y no afectar a una determinada estrategia de lucha antiterrorista».

Es decir, que había un fin político indudable, que los autores intelectuales tenían que ser parte del Gobierno, que puso en marcha la negociación con la banda, pero que, por el momento, no se puede proceder contra ellos porque están protegidos por el silencio (la omertá) que mantienen los acusados.

Pero esa frase («no afectar a una determinada estrategia de lucha antiterrorista») es la que da pie al fiscal para no pedir condena por colaboración con banda armada o tan sólo considerarla como una alternativa al delito de revelación de secretos –por el que solicita entre un año y medio y dos años de cárcel–.

Bautista cree que los policías que informaron a ETA de la operación Urogallo no querían ayudar a la banda –colaboración–, sino que actuaban en el marco de un plan que contemplaba la desaparición de la misma, en línea con la política puesta en marcha por Rodríguez Zapatero.

Sin duda éste es un aspecto medular, que incluso puede considerarse como un incumplimiento de la orden que dio el fiscal general para que se incluyera el delito de colaboración en la petición del Ministerio Público. Bautista ha actuado en función de un principio: la colaboración supondría que el Gobierno socialista quiso ayudar a la banda con el proceso de negociación. Algo que parece lejos de la realidad.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

«Me dijo: ‘Para no fastidiar todo el proceso’»


El tribunal escuchó ayer el contenido de la baliza que grabó la conversación entre el dueño del Faisán, Joseba Elosua, y su yerno, Carmelo Luquin, de la que se concluyó que había habido un soplo.
Elosua.– Dice que no hable por el teléfono del bar con esa gente por lo menos, que lo tengo machacado. Me ha entrado agua [en argot, está pinchado].
Luquin.– Oye, no vas a decir que te he llamado yo, ¿eh?. Para no fastidiar todo el ‘proceso’. Que luego vamos a armar aquí un zipizape si dices que te he llamado yo. Pero si esto no depende de mí, que se rompa o no se rompa... Me llamaba como si yo fuera, no sé... algún...
Elosua.– Le he dicho yo: «Me ha parecido que usted estaba en el portal». Dice: «Sí, estaba para darte el recado». Es que éste me hubiera enganchado arriba, y sabrían dónde vivo.
Luquin.– Estaba en casa...
Elosua.– Estaba en casa. Y de la Ertzaintza no es, porque si fuera de la Ertzaintza... Gorka no...
Luquin.– Es un madero.
Elosua.– Es un madero. Además, me ha dicho: «Tienes policía ahí en la frontera, ¿eh? Para cogerle a José Antonio» [Cau fue arrestado también semanas después junto a Elosua, por su presunta implicación en la trama de extorsión etarra].
El tribunal tiene previsto concluir el juicio el lunes, tras escuchar los informes de las acusaciones y las defensas y dar la última palabra a los acusados.

miércoles, 18 de septiembre de 2013

e El investigador del caso Faisán quiso borrar pruebas

  • Según su jefe
      EFE/La gaceta
    El Comisario Cabanillas ha confirmado hoy ante el juez que su subordinado y jefe de la investigación del soplo, Carlos Germán, quiso destruir pruebas del chivatazo.
  • José Cabanillas, comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) cuando se produjo el chivatazo que en 2006 desmontó una operación contra ETA, ha ratificado hoy en el juicio del caso Faisán que Carlos Germán, su subordinado y jefe de la investigación del soplo, quiso destruir pruebas.
    Cabanillas ha declarado como testigo en la tercera jornada de la vista que se celebra en la Audiencia Nacional contra el ex jefe superior de la Policía en el País Vasco Enrique Pamies y el exinspector de Álava José María Cabanillas, que se enfrentan a penas de cárcel por revelación de secretos y colaboración con ETA.
    El 8 de febrero de 2011 Cabanillas declaró ante el juez Pablo Ruz que Germán le pidió hasta tres veces destruir la grabación de la conversación en la que el dueño del bar Faisán y presunto miembro de ETA, Joseba Elosúa, le cuenta a su yerno en el coche la llamada del chivatazo que mantuvo supuestamente con Pamies.
    Esta conversación precisamente es en la que se ha basado Germán para enmarcar el soplo en el proceso de negociación con ETA, ya que en ese momento Elosua le relató a su yerno que la persona que le dio el chivatazo le dijo: "No vas a decir que te he llamado para fastidiar todo el proceso. No vamos a hacer un zipi zape".
    Cabanillas, que ha declarado como testigo llamado por la defensa de Pamies, se ha ratificado "completamente" en sus palabras de febrero de 2011, aunque no ha dado más detalles sobre el asunto.
    Sí ha hablado sobre los días posteriores al chivatazo, cuando Germán le entregó la transcripción de la conversación del coche.
    El primer día del juicio, Germán dijo que cuando le dio los papeles a Cabanillas le dijo que consideraba que era su deber informar al juez de la Audiencia Nacional porque había habido una filtración y "tenía claro" que era policial, pero su superior le contestó que "no fuera a ningún lado, que ya irían ellos".
    Agregó que el juez Fernando Grande-Marlaska le llamó unos días después para hacerse cargo de la investigación, después de haber recibido la información de manos de Cabanillas.
    Hoy, este último ha sostenido una versión diferente ante el tribunal. "¿Es cierto que usted ordena a Carlos Germán no comunicarle al juez lo que había ocurrido el 4 de mayo?", le ha preguntado un abogado, a lo que ha contestado: "Al contrario, le estuve diciendo los días anteriores que fuera a denunciarlo, y el último día, en vista de que no había ido, fui yo".
    "Fui porque él no había ido, que era quien, con arreglo a la ley, tenía la obligación jurídica de comunicárselo al juez", ha añadido Cabanillas.

martes, 17 de septiembre de 2013

‘El chivatazo tuvo un móvil político’ dice el policía que lo investigó

Justo después de soltar la frase, el presidente del tribunal suspendió la sesión, así que las palabras quedaron flotando en la sala: «El chivatazo tuvo un móvil político», dijo ayer el jefe investigador en el primer día del juicio por el caso Faisán.
«Hubo una orden política de la filtración. No entra en cabeza humana que se le ocurra a un policía». Lo que en el fondo el comisario Carlos Germán le estaba diciendo al tribunal era que, siete años y cuatro meses después de los hechos, el banquillo estaba incompleto. Detrás de él no había ningún político, sólo los dos mandos policiales: el ex jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector jefe José María Ballesteros.

Por el camino se quedó Víctor García Hidalgo, dirigente del PSE y entonces director general de la Policía, que llegó a estar procesado por dar la orden del soplo pero que acabó librándose de una acusación. Precisamente a él señaló el investigador: «Se recibió una orden política. ¿De quién? Del director general de la Policía concretamente; esa es nuestra convicción, no fue por iniciativa propia del jefe superior».

El jefe del equipo que investigó el chivatazo, que dijo haber recibido «amenazas» para no incluir una referencia a ese móvil político en sus informes, hizo esta afirmación cuando el fiscal del caso, Carlos Bautista, le preguntó por la figura de Gorka Aguirre, el fallecido dirigente del PNV que iba a ser detenido en la operación por entregar al dueño del Faisán dinero de la extorsión. «Era un personaje de mucha sensibilidad política». El día de la operación fallida, Josu Jon Imaz se reunía con José Luis Rodríguez Zapatero para dar el aval del PNV al proceso de paz.

El PSOE dispuesto a traicionar a España aceptando el Derecho a Decidir que le exigen los socialistas catalanesEl juicio había arrancado horas antes con la declaración del propio Pamies. «¿Recibió usted la orden política de parar la operación?», llegó a espetarle el fiscal del caso, Carlos Bautista, tras algunas preguntas menos directas. «No, para nada. Tampoco lo habría permitido». Y así siguió negando. Pese al hábil interrogatorio del fiscal, una tras otra, como si de un frontón se tratara, Pamies devolvió todas las preguntas acusatorias. «Jamás he hablado por teléfono con el señor Elosua», aseguró en referencia al dueño del bar, a quien supuestamente dio el soplo a través del teléfono que el otro acusado le habría entregado en mano.

El chivatazo provocó que la trama etarra cambiara ese día de guión y que los franceses se negaran a actuar pese a la petición española. «Tanto en Francia como en España nos engañaron vilmente. La única diferencia que existe es que en España se ha descubierto cuál fue el engaño y sabemos presuntamente quiénes fueron los autores», resumió ayer el jefe investigador.

Tras la declaración de Pamies, también Ballesteros negó su relación con el soplo. Admitió, tal y como recogen las cámaras, haber estado la mañana del 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán, pero sólo para vigilar la frontera por orden de Pamies, que supuestamente quería comprobar si los pasos estaban tranquilos ese día. Ballesteros se refugió en los «no sé» y «no me acuerdo» ante las preguntas más espinosas.

El juicio prosiguió con la última baza que el ex jefe superior del País Vasco esgrime para sacudirse la acusación: la declaración de el Romano, un confidente etarra al que durante años de investigación Pamies se había negado a identificar. «Estaríamos poniendo en peligro la vida de esta persona, la seguridad de otras muchas y [supondría] quizás un retroceso irrecuperable en la lucha antiterrorista», llegó a decir Pamies al juez. Acorralado por los demoledores informes de la Policía y la Guardia Civil, ayer el confidente compareció a petición del propio Pamies.

Con el rostro oculto tras una cortina, el Romano confirmó la cita, pero quedó lejos de ofrecer una coartada sólida. Tras su corroboración genérica, el fiscal, la AVT y Dignidad y Justicia se lanzaron sobre los aspectos menos claros. Por ejemplo, el lugar elegido. El confidente explicó que había quedado para comer con Pamies en los alrededores de la estación de tren de Bayona, en el corazón del País Vasco francés. El lugar cuadra con la tesis del jefe superior de que envió a Ballesteros a controlar las fronteras próximas al Faisán, en Irún, pero muy poco prudente para que un etarra quede con un alto mando de la lucha antiterrorista. El fiscal sospechó: «¿No le parecía un sitio peligroso?». «Esa zona siempre es de mucho más riesgo que otras», concedió el Romano. Y más peligroso aún si, como dijo Pamies, su confidente estaba por entonces «apartado temporalmente» de ETA, que ya sospechaba de él. Ambos reconocieron que en sus casi 20 años de tratos habían tenido citas en lugares más tranquilos, como Burdeos, París y Lourdes.

A las acusaciones también les extrañó que el confidente hiciera un viaje tan largo, ya que residía en el norte de Italia. El teléfono al que le llamaba Pamies era italiano y por ahí también hurgaron. Primero, el Romano había dicho que no llevó móvil al encuentro, pero el fiscal le sacó una llamada entre la primera cita fallida y la que teóricamente tuvieron «tres o cuatro días después». Entonces el Romano rectificó y dijo que había dejado el teléfono en un lugar seguro y que lo había recuperado mientras aguardaba escondido en Francia a esa segunda cita.

En sus respuestas al fiscal, Pamies había declarado que el testigo que sustenta su versión «dependía económicamente» de él, que le hacía pagos periódicos, que le ayudaba con los papeles y que le protegía para evitar su detención, ya que por entonces estaba en busca y captura por la Audiencia Nacional.

Poco después, el jefe investigador valoraba ante el tribunal la coartada de Pamies y el Romano. «Es inverosímil».

>Vea hoy el videoanálisis de Casimiro García-Abadillo.

Los policías acusados no contestaron a las víctimas

Agentes de la Policía, además de sus sindicatos, arroparon a los mandos procesados en la primera jornada del juicio

Sorprendió y mucho. Los procesados no quisieron contestar a las preguntas de todo el mundo: solo al fiscal y a sus defensas. No tienen ninguna obligación. Pero sorprendió que no les dejaran voz a los abogados que representan a las víctimas del terrorismo. Tampoco pudo preguntar al ex jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector jefe José María Ballesteros el letrado que representaba al Partido Popular. Pero eso sorprendía menos.

Y es que Pamies siempre ha estado en primera fila de la lucha contra ETA y sus actuaciones han permitido muchas desarticulaciones de comandos. Ahora, se ve sentado en el banquillo acusado de colaborar con aquellos a los que detenía. «Lo mismo le pasó a Galindo», recuerda maliciosamente alguno de los que ayer asistió entre el público a la primera sesión de uno de los juicios más esperados. Galindo era aquel general de la Guardia Civil que desarticuló más de 300 comandos de ETA pero que fue condenado por el secuestro y asesinato de los dos terroristas José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. El paralelismo no es muy acertado, por cierto.

Ayer, los policías no quisieron contestar ni a la Asociación de Víctimas del Terrorismo ni a la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero asesinado por ETA.

El juicio puso también de manifiesto la enorme división que este caso ha provocado en el seno de la Policía. A la sala acudieron numerosos agentes. Estaban representantes del Sindicato Profesional de Policía, al que pertenece Enrique Pamies, y del Sindicato Unificado de la Policía, del que es afiliado José María Ballesteros.

Pero no eran los únicos, en la sala había un numeroso grupo de agentes (de información), amigos de Pamies, con el que han compartido numerosas «batallas» en la lucha contra ETA.

Y en una sala separada estaban todos los integrantes del equipo investigador, liderado por el comisario Carlos Germán, quien prestó declaración ayer durante cuatro horas y aún hoy continuará haciéndolo. Las cuchilladas entre policías durante los años que ha durado la instrucción han sido constantes. Y las propias declaraciones y preguntas durante esta primera sesión del juicio lo ha dejado claro.

El investigador principal, Carlos Germán, deslizó veladas descalificaciones tanto a los imputados como a algunos de sus mandos. De hecho, este comisario narró durante su comparecencia las presiones que había sufrido por parte de sus superiores e, incluso, de las altas esferas de la Dirección General de la Policía. En la sala se evidenció la inmensa distancia entre los procesados y aquellos que les arropaban y los que representaban a las asociaciones de víctimas, la voz pública de los que más han sufrido a ETA y que ayer evitaban cruzarse en los estrechos pasillos de la sala con los que ahora están acusados de colaborar con la banda terrorista.

El despliegue mediático durante la jornada de ayer fue muy importante. Y la jornada de hoy se promete parecida. Y es que Carlos Germán deberá completar su declaración. Después acudirán el resto de policías que formó parte de aquel equipo de investigación encargada por el juez Grande Marlaska de tratar de desvelar el chivatazo. Y como plato fuerte del día, la declaración de Joseba Elosua, el dueño del bar Faisán que recibió el chivatazo en su establecimiento aquel 4 de mayo de 2006. Elosua es sospecho de formar parte del entramado de extorsión etarra.

Endeble coartada


Enrique Pamies (ex jefe superior de Policía en el País Vasco) y el inspector jefe José María Ballesteros, implicados en el chivatazo y acusados por la Fiscalía de colaboración con banda armada y revelación de secretos, no aportaron ayer, en su declaración ante la Audiencia, ningún argumento sólido que respalde su inocencia.
Pamies (agente al que se atribuyen cientos de detenciones de etarras) declaró con gran confianza en sí mismo, usando expresiones coloquiales («aluciné en colores») y a veces un punto retadoras (negó haber recibido instrucciones políticas: «no lo hubiera permitido»).

Pero su coartada –ratificada por su subordinado Ballesteros y por el testigo protegido conocido como El Romano– tiene más agujeros que un queso gruyer.

El ex jefe antiterrorista en el País Vasco reconoció ante el tribunal que se enteró de la operación Urogallo (que tenía como objetivo desmantelar el aparato de extorsión de ETA) el día anterior al chivatazo; es decir, el 3 de mayo de 2006. Y que, de hecho, le recriminó a Víctor García Hidalgo–director general de la Policía–, en una larga conversación que mantuvo con él esa misma noche, que Telesforo Rubio, el comisario general de Información, no le hubiese informado antes de esa importante redada.

Según Pamies, el día del chivatazo él tenía una cita con el confidente de ETA apodado El Romano en Bayona (casualmente, la misma ciudad en la que Elosua se citó con el recaudador de ETA José Luis Cau). Pues bien, su argumento para explicar por qué envió a Ballesteros al Faisán es que le encomendó que mirase a ver si había mucha Policía en la frontera, con objeto de mantener o no su cita con El Romano.

Era obvio que si sabía que estaba en marcha la operación Urogallo habría mucha Policía. Pero, además, lo lógico es que Ballesteros hubiera ido a Bayona, lugar de la cita, y no al bar donde (¡oh casualidad!) se iba a producir el chivatazo.

El inspector de Policía, que se había trasladado desde Vitoria para hacer esa supuesta labor de rastreo, reconoció haber estado ese día en el Faisán (no podía negarlo, ya que fue grabado por la propia Policía), justo a la misma hora –las 11.23– en la que alguien le pasó su teléfono móvil al dueño del bar, Joseba Elosúa, para informarle de que iba a haber detenciones. También a esa misma hora, el teléfono móvil de Ballesteros estaba en contacto con el teléfono de su jefe, Pamies.

Argumentó Pamies que usar su teléfono corporativo para parar una operación policial «no se le ocurre ni al que asó la manteca». Es cierto que, como experto antiterrorista, sabía que podía haber utilizado un teléfono prepago, por ejemplo, si quería no verse involucrado en una ulterior aunque improbable investigación. Pero ese mismo razonamiento se vuelve contra él: si usó su móvil corporativo fue porque era el mismo con el que habló con su jefe, el director de la Policía Víctor García Hidalgo. Era una forma de cubrirse, de blindarse.

lunes, 16 de septiembre de 2013

Pamiés niega que García Hidalgo le ordenara dar un chivatazo a ETA

Juicio por el caso Faisán

Libertad Digital

El policía dice que con el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa "no he hablado en mi vida".


Enrique Pamiés y José María Ballesteros, durante el juicio


Siete años después, la Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar este lunes el chivatazo a ETA, el soplo a la banda terrorista que impidió el 4 de mayo de 2006 que un operativo conjunto del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía francesa desarticulase a ambos lados de la frontera la estructura de extorsión de ETA, cuyo epicentro era el bar Faisán de Irún.
En el banquillo de los acusados hay únicamente dos agentes de Policía. El primero, el por entonces Jefe Superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés Medina. El otro, José María Ballesteros Pastor, que era inspector de la Brigada de la Información de la Policía en Vitoria y hombre de confianza del máximo responsable policial en la comunidad vasca.
Pese a que el chivatazo a ETA tenía una motivación claramente política, evitar la detención del histórico dirigente del PNV, Gorka Aguirre, el mismo día que el por entonces líder de ese partido, Josu Jon Imaz, se iba a reunir en La Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero para darle su apoyo a la negociación político con ETA, ningún dirigente político está sentado en el banquillo de los acusados. Ni siquiera el dirigente del PSOE de Álava y por entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, quien estuvo imputado durante buena parte de la instrucción.
El primero de los imputados en declarar está siendo Enrique Pamiés, quien ha negado haber dado ni ordenado chivatazo alguno a la organización terrorista ni haber recibido instrucciones políticas de García Hidalgo para que se avisara al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, de la operación antiterrorista que se encontraba en marcha.
"¿Recibió usted una orden política de interrumpir la Operación Urogallo?", le preguntó a Pamiés el fiscal Carlos Bautista. "Para nada, tampoco lo hubiera admitido", respondió tajante el alto cargo policial.
El ex Jefe Superior de la Policía del País Vasco dijo que su participación en las fatídicas 17 llamadas que habrían dado lugar al chivatazo a ETA se encuadraban dentro de sus labores habituales del cargo, tanto en las comunicaciones con García Hidalgo como con las que mantuvo con su subordinado Ballesteros.
Pamiés dijo que mandó a Ballesteros a la zona de la frontera para que le avisase de la posible presencia policial hispano-francesa en la zona debido a que ese mismo día tenía concertada una cita en el País Vasco francés con un miembro de la banda terrorista ETA que facilitaba información a la Policía y que era conocido en clave como El Romano.
En esta línea, sobre la llamada en la que supuestamente Ballesteros le pasó al dueño del bar Faisán para que le advirtiese de la operación policial, Pamiés dijo que en la misma su subordinado sólo le advirtió de la presencia policial en la frontera y en ningún caso habló con Joseba Elosúa. "Con Elosúa no he hablado en mi vida", aseveró.

Ballesteros reconoce que estuvo en el Faisán

El siguiente en testificar fue el otro imputado, el inspector de Policía José María Ballesteros, quien reconoció durante su comparecencia que el día del chivatazo a ETA estuvo en el bar Faisán de Irún, pero que no fue durante mucho tiempo y que en ningún caso le cedió su teléfono a Joseba Elosúa para que le diesen el soplo.
"Dice que entró en varios bares y tiendas para recoger la información. ¿Estuvo esa mañana en el bar Faisan?", le preguntó el fiscal. "Seguro, me moví por toda esa zona", respondió Ballesteros. "¿Se tomó usted un café en el bar Faisan?", continuó el representante público. "No", respondió tajante el policía.
"¿Le puso usted el teléfono en la oreja al señor Elosúa?", prosiguió el interrogatorio. "No. Yo no le he pasado mi teléfono a nadie, y mucho menos ese que es el personal, sólo se lo dejo a mi mujer y mis hijos", contestó el por entonces inspector de la Brigada de la Información de la Policía en Vitoria.

domingo, 15 de septiembre de 2013

La Audiencia juzga el chivatazo a ETA sin identificar a quien lo ordenó


Mañana comienza la vista del ‘caso Faisán’ con dos policías como únicos acusados

Si el PSOE se hubiera puesto al lado del PP para decir NO claramente, el secesionismo catalán se habría acabado de cuajoSólo dos acusados se sentarán en el banquillo. Son dos los que responderán de las acusaciones de colaborar con ETA y de revelarle secretos. Son dos y los dos, uniformados, los dos, policías. El caso del chivatazo policial a la banda en el bar Faisán llega a su primer puerto judicial.

La Audiencia Nacional juzgará desde mañana lunes por esa delación del 4 de mayo de 2006, hace más de siete años, al que fuera jefe superior de Policía del País Vasco en aquellas fechas, el comisario Enrique Pamies, y al inspector de Policía entonces destinado en Vitoria en la lucha contra el terrorismo islamista José María Ballesteros. Pero no habrá más. Nadie se sentará junto a ellos. De momento, el caso queda reducido a un asunto puramente policial.

Pero la gran pregunta quedará en el aire. Es poco probable que la X de la ecuación quede despejada. Poco, muy poco probable. Muchas serán las sospechas. Muchas han sido durante estos años. Pero certezas y, en muchos casos, afán por investigarlas y aclararlas en cuanto a las claves políticas del caso, ninguno. Y el eco resuena desde hace años en los palacios de la Justicia: ¿Quién dio la orden?

Las víctimas del terrorismo, todas, reclaman una respuesta a lo que consideran que ha sido una de las mayores traiciones a la democracia. La demanda la abandera ahora Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Quieren saber quién y por qué ordenó a dos policías que alertaran al dueño del bar Faisán, a Joseba Elosua, uno de los presuntos implicados en la trama de extorsión de ETA, de que se iba a producir una gran operación policial hispano-francesa, dirigida por el juez Fernando Grande-Marlaska contra todo el aparato de financiación de la banda.

Porque Elosua fue alertado. Fue avisado el mismo día en que el presidente del Gobierno, entonces José Luis Rodríguez Zapatero, iba a recibir en La Moncloa a Josu Jon Imaz. El dirigente del PNV iba a trasladarle su apoyo al mal llamado proceso de paz con ETA.

¿Problema? En la operación que se iba a llevar a cabo bajo la dirección de la Audiencia Nacional estaba previsto detener también, por su presunta implicación en la trama, al dirigente del PNV Gorka Aguirre, encargado de las relaciones internacionales de la formación nacionalista. Aguirre, que falleció durante la investigación debido a una enfermedad, había sido detectado en contacto con los implicados.

El caso es que alguien entendió que esa operación «podía perjudicar el proceso de paz» (así se recoge en diferentes escritos del sumario) y puso en marcha un improvisado dispositivo con la presunta participación de los dos mandos procesados.

En aquellos momentos, el control policial sobre el bar Faisán era intenso. Los dispositivos de grabación de vídeo estaban en plena actividad.

Ballesteros, según el auto de procesamiento, entró al bar Faisán de Irún y le entregó un teléfono móvil a Elosua. Al otro lado, siempre según la acusación, Pamies, que fue quien presuntamente le alertó de que iba a ser detenido y de que se iba a llevar a cabo una redada.

La entrada y salida de Ballesteros del bar Faisán, en la franja horaria en que se presume que se llevó a cabo la delación, quedó recogida en las cámaras policiales y es una de las principales pruebas de cargo, además de las secuencias telefónicas de los procesados en la mañana de ese 4 de mayo de 2006.

En aquellas fechas, los mandos policiales recibían órdenes de un Ministerio del Interior que tenía como máximo responsable a Alfredo Pérez Rubalcaba. Su número dos era el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y Víctor García Hidalgo, el director general de la Policía.

Este último estuvo en el punto de mira durante muchos meses. El intercambio de llamadas con Pamies durante el día y las horas en que se produjo el chivatazo era muy sospechoso. Pero la investigación judicial no profundizó en esa vía y, pese a la insistencia de las acusaciones, faltó el último empujón.

Y es que el proceso fue muy complejo. El sumario pasó por manos de tres jueces. Inicialmente, el magistrado Fernando Grande-Marlaska, que ocupaba de forma circunstancial el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que era titular Baltasar Garzón, era quien llevaba las riendas. Era él quien ultimaba la operación Urogallo contra el entramado de extorsión y fue quien detectó el chivatazo.

Grande-Marlaska estaba dispuesto a resolver este caso por la vía rápida y tirar hacia arriba, hacia quien dio la orden. Tuvo que aguantar todo tipo de presiones. Incluso, sutilmente, sobre la mesa le dejaron un suculenta oferta laboral con el fin de apartarle de la causa. También la rechazó.

Así, tuvo que ser el propio Garzón, el titular de la plaza, quien regresara antes de tiempo de sus cursos en Estados Unidos para hacerse cargo del caso, que estaba muy avanzado con la investigación ya caliente para determinar quién fue el mando político que dio la orden de ayudar a ETA.

Pero, al llegar el juez, condenado después por prevaricación, el sumario acabó en el cajón del olvido. Llegó la ralentización. La información se acumulaba. Las partes complicadas y que podían llevar a investigaciones con implicaciones políticas (como el caso del etarra Yurrebaso con el número de móvil de García Hidalgo) iban a piezas separadas que, poco a poco, pasaban
a mejor vida, al olvido judicial.

Y así hasta que llegó la condena de Garzón, que propició la llegada al juzgado de Pablo Ruz, que dio el último empujón al caso pero tampoco trató de averiguar en el plano político quien era la X del chivatazo. Tuvo que soportar y sortear las maniobras del juez Gómez Bermúdez, que de manera alambicada trató de tumbar toda la instrucción del sumario sin, finalmente, conseguirlo.

Por el camino se queda sin incorporar a la causa un informe elaborado por Asuntos Internos y que pone sobre la mesa las múltiples maniobras dirigidas desde estamentos político-policiales (durante el último Gobierno de Zapatero) encaminadas a torpedear la investigación.

Llega a su primer puerto judicial pero parece que de momento cojea, que le falta la pata política. ¿Habrá que dejar tiempo al tiempo?

>Vea hoy en Orbyt el vídeoanálisis de Fernando Lázaro.

Los policías se enfrentan a 10 años de cárcel

El fiscal general ordenó al encargado del caso que les acusara de colaborar con ETA

Enrique Pamies y José María Ballesteros podrían salir del juicio del Faisán con condenas de hasta 10 años de cárcel. Ésa es la solicitud de prisión más elevada de los cuatro escritos de acusación que están sobre la mesa de Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional: los de la Fiscalía, Dignidad y Justicia, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Partido Popular.

Todos ellos recogen una calificación jurídica coincidente para el relato de lo sucedido la mañana del 4 de mayo de 2006: un acto de colaboración con organización terrorista. Sin embargo, el escrito de la Fiscalía lo califica de esa manera únicamente de manera subsidiaria y por orden expresa de la Fiscalía General del Estado.

Hasta hace cinco meses, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza, y en particular el fiscal del caso, Carlos Bautista, planteaban únicamente que los hechos se consideraran «un delito de revelación de secretos con grave daño para la causa pública». Finalmente, el pasado mes de abril, Eduardo Torres Dulce ordenó que el escrito de acusación incluyera expresamente, aunque fuera como calificación alternativa, la posibilidad de que se tratara de un delito de colaboración terrorista. Un factor clave para dar esa orden fue una reciente sentencia del Supremo que deslindaba con precisión los requisitos de ese delito y a cuya luz el caso Faisán sí era un caso de colaboración terrorista.

El escrito del Ministerio Público, siempre de particular relevancia para cualquier tribunal, reclama para el ex jefe superior de Policía del País Vasco dos años de prisión por revelación de secretos. Esa eventual condena, de llegar a ser firme, no supondría su ingreso efectivo en prisión al no superar los dos años. Lo que sí conllevaría es la expulsión del Cuerpo de Policía de quien hoy es el máximo responsable provincial de Huesca, ya que el fiscal añade la petición de inhabilitación para formar parte de cualquier fuerza o cuerpo de la seguridad del Estado o de otra fuerza de seguridad autonómica o local. En el caso de Ballesteros, la petición se atempera: año y medio de prisión y tres años de inhabilitación por idéntico delito.

Ésa es la opción que la Fiscalía prefiere y la que el fiscal Bautista tiene previsto defender en su informe final a la Sala. Pero, alternativamente, propondrá las condenas a ambos de cinco años de cárcel por colaborar con ETA –el mínimo posible para ese delito–, además de 11 años de inhabilitación.

La acusación popular ejercida por Dignidad y Justicia, la asociación que preside Daniel Portero, reclama las penas más altas: 10 años de cárcel para Pamies –el máximo legal por colaboración– y nueve para Ballesteros, ambos por un delito de colaboración terrorista en concurso ideal (es decir, que no conlleva su propia pena sino que eleva la del delito de terrorismo) con otro de revelación de secretos.

Esa misma fórmula del concurso de delitos es la empleada por la AVT, que reclama penas prácticamente iguales: ocho años y medio para Pamies por dar el soplo a la banda y ocho para Ballesteros por participar en él.

Los dos policías tendrán enfrente a una cuarta acusación nada habitual. El Partido Popular pide para los policías de Rubalcaba ocho años y medio por colaboración terrorista, en el caso de Pamies, y siete años y medio por el mismo delito para Ballesteros.

La penúltima palabra –la última la tendrá el Tribunal Supremo– sobre si se cometió un delito, sobre si los acusados fueron los autores y sobre cuál es la calificación jurídica correcta– corresponde a la Sección Tercera de lo Penal, presidida por Alfonso Guevara. La ponencia de la decisión correrá a cargo del magistrado Antonio Díaz Delgado. El tribunal lo completa el magistrado Guillermo Ruiz Polanco.

El juicio contará con una importante particularidad. La Sala ha dado luz verde a que comparezca como testigo protegido un miembro de ETA que ha sido confidente de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La declaración de El Romano ha despertado cierta controversia. Hubo quien, inicialmente, se planteó cómo podía acudir a dependencias judiciales una persona que pertenecía a ETA y que seguramente estaba siendo buscada. La duda quedó despejada cuando se supo que El Romano, la coartada de Pamies para el juicio, tenía prescrita la orden de busca y captura casualmente desde el pasado mes de mayo.

La Policía detectó maniobras para ocultarlo

La Policía ha puesto en marcha una nueva actuación encaminada a revisar casos, detectar errores y tratar de mejorar, a partir de ellos, las investigaciones policiales.Y para ello, ha organizado nuevo grupo de análisis, de especialistas, que revisan los casos más significativos que la Policía ha tenido entre manos o, incluso, casos históricos que no han podido ser resueltos.
Ese nuevo equipo de analistas está integrado en la Unidad de Asuntos Internos. Y entre los casos que han caído en sus manos está el chivatazo del Faisán.
Durante varios meses, este grupo de analistas ha estado revisando, con un «ojo puro», con una «mirada sin contaminación», todas las actuaciones llevadas a cabo desde 2006. Se trataba de auditar las indagaciones realizadas hasta ese momento y conocer si el grupo de analistas llegaba a las mismas conclusiones que los investigadores, que el grupo que, bajo la batuta de la autoridad judicial, estuvo dirigido por el ya comisario Carlos Germán.
Los especialistas, como ya adelantó EL MUNDO, han concluido que las sospechas sobre la autoría del chivatazo se centran en las mismas personas que señaló el equipo policial de Carlos Germán y que están procesadas por el juez Ruz.
Revisaron todo el sumario y analizaron y cruzaron de nuevo datos sobre los movimientos telefónicos que se produjeron en la zona del bar Faisán, en Irún, aquella mañana del 4 de mayo de 2006. También estudiaron las conversaciones intervenidas.
Según estas fuentes, los expertos policiales han detectado, tras estudiar toda la documentación, maniobras por parte de responsables policiales de aquella etapa (2006) para tratar de evitar el esclarecimiento de los hechos.

Bruscos frenazos

Y también advierten de que, viendo el comportamiento judicial durante toda la instrucción, se detectan unas aceleraciones y unos bruscos frenazos en las pesquisas, como si alguno de los tres magistrados no hubiera sido lo profesional que se debiera a la hora de afrontar uno de los mayores escándalos de los últimos años. Y donde advierten este comportamiento es durante la instrucción de Baltasar Garzón, aunque en ningún momento lo citan expresamente ni le acusan claramente de bloquear el caso. Pero sí comparan su actividad con la de los otros dos instructores, Fernando Grande Marlaska y Pablo Ruz.

sábado, 14 de septiembre de 2013

El cordón sanitario contra España


14 de Septiembre de 2013 - 09:08:43 - Luis del Pino/Libertad digital.com

El 20 de septiembre de 2006, en plena primera legislatura de Zapatero, todos los grupos parlamentarios del Congreso, menos el PP, acordaron vetar, a propuesta del Partido Socialista, todas las iniciativas parlamentarias del Partido Popular relacionadas con la investigación de los atentados del 11-M.
Aquello fue el punto de partida del llamado cordón sanitario contra el PP, aunque ese nombre, "cordón sanitario", tardaría aún unos meses en acuñarse. Concretamente, fue el actor Federico Luppi quien parió el término en una rueda de prensa celebrada el 26 de enero de 2007, después de que el PP se negara a participar en una manifestación-farsa contra el terrorismo convocada por el mismo PSOE que había estado negociando con ETA hasta unos días antes. "Nos va la vida", dijo Federico Luppi durante aquel acto, "en crear un cordón sanitario para que esta derecha cerril y casi gótica no se adueñe del pensamiento español".
Y, en efecto, a los pocos días el PSOE y el resto de grupos parlamentarios acordaban boicotear todas las iniciativas parlamentarias sobre ETA que el PP presentara. Y el término "cordón sanitario" se instaló definitivamente en el lenguaje político del momento y ese cordón sanitario estuvo operando hasta el final de la primera legislatura de Zapatero, dejando al PP aislado en las Cortes.
Sin embargo, no es verdad que fuera un cordón sanitario contra el PP. En cuanto el PP varió de política a raíz de las elecciones de 2008 y renunció a investigar el 11-M y a oponerse a la negociación con ETA, su aislamiento parlamentario se disipó.
Era, por tanto, un cordón sanitario contra España, no contra el PP. Mientras el PP estuvo en la tesis de defender España, se vio afectado por el cordón sanitario, pero en cuanto renunció a defender a los españoles, se le autorizó inmediatamente a salir fuera del cordón.
De hecho, como los acontecimientos posteriores se encargaron de demostrar, lo que se produjo en 2008 fue un cambio de bando en toda regla: el PP se sumó, en la práctica, a los impulsores del cordón sanitario, y a partir de aquel momento ayudó con entusiasmo a aplicar ese cordón a los pocos tontainas que no habían querido someterse a ese acto de rendición. Así, Rajoy invitó a los liberal-conservadores a irse a otro partido; puso en marcha una purga inmisericorde para limpiar de españolistas el Partido Popular Vasco; contribuyó a asfixiar económica y mediáticamente a las asociaciones de víctimas que se negaban a la negociación con ETA y maniobró para acabar con los pocos medios de comunicación que seguían defendiendo a las víctimas del terrorismo y reclamando la verdad del 11-M.
El cordón sanitario contra España continuó operando durante toda la segunda legislatura de Zapatero, pero ahora con el PP formando parte de la banda de los sitiadores.
Y en esto que Rajoy llega a la Moncloa, más por deseo de los españoles de echar al desastre de Zapatero, que por méritos propios. Y la actuación del gobierno de Rajoy ha confirmado que el giro experimentado en 2008 no fue una mera táctica para llegar al poder, sino un abandono definitivo de la idea de España.
En estos casi dos años de gobierno de Rajoy, no sólo no se ha puesto coto a los abusos nacionalistas, sino que se los ha financiado generosamente mientras a los españoles de a pie se les hacía apretarse el cinturón. No se ha variado en estos casi dos años ni una coma del guión trazado por Zapatero.
Pero quizá sea esta semana la que más claras ha dejado las cosas en el terreno simbólico. El miércoles se celebraba la Diada con una cadena separatista que pretendía ir de norte a sur de Cataluña. No solo no se consiguió el objetivo, sino que los primeros datos de la organización, siempre exagerados, hablaban de medio millón de manifestantes, tal como publicó La Vanguardia la propia tarde del miércoles a través de su web. Es decir, si hacemos caso de los datos de la propia organización, el número de participantes en la cadena humana habría sido la cuarta parte de los que asistieron a la Diada de 2012, en la que los organizadores hablaban de 2 millones de personas.
Pero a pesar de esa caída de participación, que refleja que no existe ninguna marea separatista en Cataluña, el gobierno de Rajoy se apresuró a salir a la palestra para echar una mano propagandísticamente a los nacionalistas.
Así, el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se apresuró a declarar que "el gobierno no comparte los objetivos y fines de la cadena humana, pero los respeta". Es decir, el gobierno de Rajoy respeta que se quiera destruir la Constitución y romper la unidad territorial, porque ése, y no otro, era el objetivo de esa cadena humana.
Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, calificó de "éxito" la cadena separatista. Y, para más inri, lo hizo delante del Ministro de Asuntos Exteriores portugués.
Es decir, en lugar de ahondar en el fracaso de los convocantes, de minimizar el alcance de la convocatoria y de denunciar los objetivos ilegales y despóticos de quienes convocaban... el gobierno de Rajoy se apresuró esta semana a tratar de esconder el fracaso de la convocatoria, a ayudar a que tuviera más impacto propagandístico de cara a los medios nacionales e internacionales y a tildar de respetables los objetivos de los grupos radicales que movían los hilos de la cadena.
Y todo ello, por supuesto, para anunciarnos a continuación que se negociará el tema de la financiación con el gobierno de Artur Mas. Es decir, que se seguirá exprimiendo a los españoles para que los españoles sigan viendo negados sus derechos en Cataluña.
No se engañen ustedes: no es cuestión de que Rajoy sea cobarde o tonto. No tiene un pelo, ni de tonto, ni de cobarde. Rajoy tiene en sus manos, con su mayoría absoluta y con el control del grifo del dinero, todo el poder necesario para destruir de una vez la amenaza nacionalista que se cierne sobre España. Y si no aplica ese poder es, pura y simplemente, porque su objetivo no es defender a España ni a los españoles. Ese PP que creía en la idea de Nación murió en 2008, fecha en la que el Rajoy decidió sumarse al cordón sanitario contra España.
Así pues, nos corresponde a los españoles dejar de esperar a que el olmo nos dé peras y empezar a aplicar nosotros un cordón sanitario contra todos los partidos, PP incluido, que han decidido trabajar en contra de los intereses de la Nación.
Nos va en ello nuestro futuro y el de España.

viernes, 13 de septiembre de 2013

ETA supedita el sellado de sus arsenales a que haya una verificación internacional


Beneficiar a una región sólo puede hacerse perjudicando al restoETA ha vuelto a establecer contacto con los verificadores internacionales y ha urdido un plan para intentar involucrar al Gobierno: tiene pensado anunciar su «disposición» a «sellar» todos sus depósitos de armas y «empoderar» al Grupo de Verificación internacional para ser el testigo y el garante.
La condición que, en principio, impondría para proceder al cegado de esos arsenales es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy reconozca a su vez al grupo de verificación como el válido para dar fe de que ese paso se ha dado, estableciendo así una interlocución aunque sea indirecta.
Según fuentes de la lucha antiterrorista, el Gobierno no tiene intención de aceptar y, además, tiene en su poder datos que acreditarían que el asunto del sellado no afectaría, en realidad, más que a un número simbólico de armas y que no es el preludio, al menos por el momento, de un plan de desarme por parte de la organización, dado que en ninguna reunión, dicen, ha contemplado esa posibilidad. En realidad, sostienen, ETA pretende lanzar un señuelo para que el Ejecutivo se vea obligado a aceptar otras muchas condiciones previas, desde la inmunidad de los encargados de los zulos, el cambio de las leyes y una salida para los presos a la designación de un tercer país para sus interlocutores, etcétera.
El asunto tiene su origen en la pretensión de la banda de negociar directamente con el Ejecutivo lo que denomina «las consecuencias del conflicto», aparentando que se trata de dos partes con igual nivel de legitimidad y que lo suyo no ha sido una derrota sino una negociación. Anunciado el «cese definitivo», la organización, con este fin, envió a sus dirigentes Josu Ternera, David Pla e Iratxe Sorzabal a Noruega, donde permanecieron durante meses.
Peregrinación
El presidente Rajoy nunca mandó a sus representantes, pero Oslo se convirtió en un centro de peregrinación al que también acudió el grupo de verificación auspiciado por la izquierda abertzale y encabezado por el profesor Manninkalingam, que intentó convencer a los etarras a finales del pasado año de que debían empezar a dar pasos hacia el desarme. Según publicó éste periódico en enero, se puso ya encima de la mesa la posibilidad de que una parte simbólica de los zulos de la banda quedase controlada. Incluso se abordaron varias opciones: desde pasar las coordenadas a los periodistas de varias agencias europeas hasta ofrecérselas a personalidades investidas como facilitadores, pasando por proporcionar los datos a centros como la fundación Carter. Era un modo, entonces, de poner la pelota en el tejado del Gobierno para que éste diese una salida al problema de los presos.
Pero finalmente los etarras rehusaron dar ese paso para evitar divisiones internas. Incluso recordaron a los verificadores que su función debía ser la de ratificar la ausencia de atentados, sin más reclamaciones.
El grupo de verificadores dudó entre acabar su trabajo en esos momentos o suspenderlo hasta que la banda cambiase de opinión, y así se lo comunicó a una buena parte de los partidos vascos. El lehendakari Urkullu animó a los representantes internacionales a que regresaran en septiembre y así lo anunciaron ellos.
Mientras tanto, el movimiento Lokarri, muy receptivo a los planteamientos de la izquierda abertzale, puso en marcha un foro social que sugirió la posibilidad de que la banda confiase su trayectoria de desarme no al Gobierno, sino a los «agentes sociales vascos». ETA anunció en un comunicado en julio que no le parecían mal las propuestas del foro y que próximamente trasladará su «opinión concreta». Lokarri esperaba esa opinión, que todavía no ha recibido, para estas fechas junto con las condiciones, el calendario y el modo de llevar a cabo la entrega.
Sea cual sea la decisión final de ETA y los tiempos que baraje, la información que manejan los abertzales y las fuentes antiterroristas es que, al menos hasta hace unos días, su pretensión seguía siendo contactar con el Ejecutivo (sin que eso descarte otras posibilidades) y que su próximo comunicado no será para realizar un anuncio taxativo sino su disposición, presionada incluso por los suyos, a llevar a cabo un gesto.

«La paz no tiene precio»
Vitoria

«Exijo el desarme y disolución de ETA; ante quien lo haga me da igual si es verificable o constatable». Ésta se convirtió ayer en la reacción más contundente tras conocerse que la banda terrorista puede emprender su desarme antes de fin de año. Las palabras proceden del ‘lehendakari’, Iñigo Urkullu, quien también expresó que las decisiones de ETA y los cambios en la política penitenciaria no deberían estar relacionados: «La paz no tiene precio, o no debería tener precio» aseveró Urkullu.

El Ministerio del Interior prefirió no adelantar acontecimientos y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, tan sólo dijo que «la única novedad del mundo de ETA que merece un comentario» es su «disolución definitiva» de una forma «constatable», pero no en forma «de rumor o de comentario».

Al respecto, políticos vascos especializados en el seguimiento de la banda armada y sus presos creen factible el anuncio de un proceso paulatino de desarme, sin contar con el Gobierno ni con las instituciones vascas, sino con un organismo internacional.

martes, 10 de septiembre de 2013


Diario digital norteafrica.com

 

En el año 2012, fueron sancionados 1.861 guardias civiles

Posted on 10 septiembre 2013 by admin
Guardia CivilUna evolución que ha ido creciendo poco a poco y que refleja que algo falla en la Institución

Ángel Valencia: Según publica la AUGC de Ceuta, las estadísticas de las sanciones disciplinarias en la Guardia Civil deben analizarse para hacer un balance de la verdadera situación socio-laboral de la Institución. Analizar estos datos desde el punto de vista numérico no es suficiente para hacer un análisis exhaustivo y real de una situación que, en muchas ocasiones, roza la inmoralidad, el desequilibrio psíquico de algunos, por no decir el delito.
El régimen disciplinario de la Guardia Civil como el Código de Circulación no deja ilícito sin poder sancionarse, pero son los hombres los que deben valorar y adecuar las circunstancias a las teorías. Me explico, llegar un minuto tarde al servicio es motivo de sanción, pero los mandos con capacidad disciplinaria deben valorar las circunstancias que han provocado el retraso y, por supuesto, si la sanción perjudica más a la Institución que la exoneración al autor. La imagen de la Guardia Civil, que no es propiedad de esos que utilizan “El aquí te pillo, aquí te mato”, sufre ante la rigurosidad de estos elementos nocivos.
La democracia tiene asignaturas pendientes
y una de ellas, sin duda, es la Guardia Civil
En el año 2012, fueron sancionados 1.861 guardias civiles. Una evolución que ha ido creciendo poco a poco y que refleja que algo falla en la Institución. No hay lugar a dudas, con estos datos estamos hablando de una Institución muy indisciplinada, porque si no utilizan el “aquí te pillo, aquí te mato” serían muchas más, o por el contrario, esa utilización temeraria del régimen disciplinario puede ser el arma letal de los intolerantes ante los excesos ajenos y no para los excesos propios.
Por otro lado, existe en la Guardia Civil, y así lo percibimos la mayoría, la convicción de que el régimen disciplinario está para aplicarlo a la escala básica y que la escala Superior de Oficiales cumple tanto que ni aparece en las estadísticas. Esta curiosa circunstancia desvela que la disciplina se aplica de forma caprichosa o que son tan inmaculados y perfectos que deberían ir al cielo directamente. Cosa que no es cierta (me refiero a la perfección e inmaculación), porque las estadísticas de otras parcelas dela vida cotidiana dicen que son tan imperfectos como el que escribe.
Si tomamos las estadísticas de guardias civiles separados, con exceso de peso, número de hijos, o que sufren enfermedades, aparecerían los mandos en el mismo porcentaje que los guardias civiles. Pero en las faltas disciplinarias desaparecen como por arte de magia. Esa es la razón por la que hablaba que las sanciones rozan la inmoralidad, el desequilibrio psíquico de algunos, por no decir el delito.
“Quizá las faltas disciplinarias de los mandos
se resuelvan hablando”
Quizás las faltas disciplinarias de los mandos se resuelvan hablando más que sancionando y la de otras escalas se resuelvan a golpe de régimen disciplinario; o que las sanciones a mandos prescriben como por arte de magia. ¡Qué bonita la magia como espectáculo y que mala para la democracia!
Hace años un director general instaba a los mandos a utilizar más el diálogo que el régimen disciplinario. Alertaba de ciertos factores de riesgo de los excesos disciplinarios (bajas psicológicas incluidas). Pero los tiempos cambian y hemos vuelto a la utilización torticera del régimen disciplinario y eso perjudica mucho a la Institución. Parece que tomaron el consejo del ex director, pero hablan más entre las escalas superiores y poco con los de las escalas básicas. Esto es lo que dicen las estadísticas. Son casi perfectos en el trabajo y tan imperfectos en la vida cotidiana como los guardias civiles.
“La democracia tiene asignaturas pendientes
y una de ellas, sin duda, es la Guardia Civil”
Los tiempos cambian y los intolerantes se agarran a la teta del régimen disciplinario para perpetuar su estatus de hacer lo que les venga en gana, utilizando su capacidad sancionadora caprichosamente o no sancionando las conductas más reprochables. Esa es una de las muchas razones para que exista AUGC como una organización que apuesta por democratizar la Guardia Civil y por defender la igualdad de derechos entre todas las escalas y, por supuesto, expulsar de la Institución esas conductas inmorales de los que se consideran “AMOS DE CORTIJOS QUE NO COMPRARON”. Amos que en muchas ocasiones cuentan con la complicidad de una clase política incapaz de crear mecanismos que impidan la utilización caprichosa del régimen disciplinario; incapaces de poner orden a los excesos de sanciones, de bajas psicológicas, suicidios e intentos de suicidios.