lunes, 21 de febrero de 2011

Los inspectores del Banco de España avisaron al Gobierno de la crisis en 2006


CARLOS SEGOVIA / Madrid/ El Mundo

Advirtieron por escrito a Solbes del «nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario»
Añadían que «este desmedido crecimiento del crédito ha acabado provocando otro tipo de problemas por la necesidad de las entidades de acudir al crédito exterior»
Señalaban que había «un proceso de deriva en la gestión de las entidades que ha dado lugar a una relajación generalizada de los criterios de concesión de créditos»
Pedían «reconducir la situación» porque «el número de familias que tendrá que afrontar serias dificultades para hacer frente a sus compromisos crecerá de manera alarmante»

Zapatero embustero

«Ni el Fondo Monetario Internacional pudo prever la crisis», se defendió el pasado miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados. Pero su Gobierno fue informado hace cinco años por la inspección del Banco de España, en un explosivo documento confidencial al que ha tenido acceso EL MUNDO, del peligro para la economía española de los errores de la banca con el entonces floreciente sector del ladrillo y de las consecuencias que «podría tener para un número considerable de familias una posible evolución adversa del entorno económico». Sigue en pág. 32

Editorial en pág. 3

El Estado ha apoyado ya al sector financiero español con 11.000 millones de euros y se dispone a inyectar otros 20.000 millones de dinero público tras el decreto aprobado el pasado viernes, pero habría sido innecesario si el Gobierno hubiera aplicado desde 2006 las recomendaciones de los inspectores del Banco de España. Su «nota informativa» fue recibida a las 13.03 horas del 26 de mayo de 2006 en el Ministerio de Economía, según el registro oficial, y no ha trascendido nunca hasta ahora a la opinión pública.

Zapatero embustero

Constaba de una carta explicativa destinada a la jefa de gabinete del entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, y un anexo dirigido directamente a éste con el documento de cuatro páginas.

En el texto, los inspectores advirtieron que se estaba produciendo una burbuja inmobiliaria en el sistema financiero español de peligrosas consecuencias. Frente a los entonces triunfalistas discursos oficiales de la época, el informe tachaba ya la situación económica de «delicada» y al estado del sector inmobiliario de «frágil».

«Nos vemos obligados a hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala situación del mercado inmobiliario es muy superior al que se desprende de los discursos del gobernador». Éste, su superior inmediato, era entonces Jaime Caruana. El máximo responsable del Banco de España, nombrado en 2000 por el Gobierno del Partido Popular, era más cauto en la época sobre la situación económica que José Luis Rodríguez Zapatero, o el propio Solbes, pero aún así mantenía una línea excesivamente «triunfalista», según sus subordinados.

Los inspectores aseguraron en la misiva que acudían a Solbes porque consideraban «pasiva» la actitud de Caruana, a quien vencía el mandato ese mismo año. Confiaban en que el sustituto que iba a nombrar Solbes, el actual gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tomara las medidas oportunas. Ordóñez también había sido informado por la inspección antes de asumir el cargo, puesto que era consejero del Banco desde marzo de aquel año.

El inquietante diagnóstico de aquel informe fue desoído por todas las autoridades, pero ha terminado cumpliéndose. «La aceleración del crédito bancario, originalmente circunscrito a las entidades con menor cultura en el control de sus riesgos [en alusión sobre todo a las cajas de ahorros] se ha ido extendiendo a las demás entidades del sistema financiero español», resaltaron los inspectores. «Han tenido que conceder operaciones cuya rentabilidad esperada no justificaba en modo alguno el riesgo asumido al concederlas», sentenciaron.

En definitiva, pedían al Gobierno «evitar en lo posible que las consecuencias de los errores cometidos por las entidades al conceder sus operaciones acaben siendo transferidas a la sociedad en su conjunto», y aseguraron que el Banco de España disponía, en su opinión, de poder suficiente sin necesidad de nuevos decretos.

Lejos de proponer la creación de un fondo público de rescate como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), lanzado tres años después, la asociación de inspectores reclamaba a los poderes públicos que ejercieran sus competencias para obligar a bancos y cajas a ser más prudentes y dotar con más provisiones los riesgos que estaban contrayendo, aunque fuera a costa de repartir menos beneficios. Recordaron que el Estado puede amenazar con sanciones a los gestores de banca imprudentes y que si éstos no retenían beneficios para reforzar las reservas se produciría un «aumento inaceptable del riesgo».

A su juicio, «el desmedido crédito bancario» era una de las causas principales de «la extraordinaria subida del precio de los inmuebles en España».

Alertaron de que bancos y cajas tenían que recurrir cada vez más «al ahorro exterior para financiar el crecimiento de su actividad crediticia». Y también de que eso les llevó a recurrir a vías «no tradicionales de financiación», como las titulizaciones de activos o las participaciones preferentes que los inspectores consideraban más arriesgadas. Ese sobreendeudamiento, que llegó a alcanzar la economía española en general, es actualmente uno de los factores clave de la desconfianza del resto del mundo hacia España.

El informe hablaba de «relajación generalizada en las concesiones de crédito» y apostaba que era «previsible que el nivel de solvencia de las entidades financieras españolas acabe viéndose afectado una vez cambie la coyuntura y se manifieste el riesgo latente en sus carteras». Eso ha terminado sucediendo, como reconoce en su preámbulo el Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes sobre Reforzamiento del sector financiero.

Los inspectores consideraron que la «gran mayoría» de los bancos y cajas estaban bien capitalizados, pero subrayaron que en los escenarios futuros más adversos «y en otros no tan improbables el número de familias que tendrá que afrontar serias dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros crecerá de manera alarmante». Es decir, auguraron ya entonces una subida de la morosidad que dañaría al sistema.

«Nosotros, los inspectores y técnicos de supervisión del Banco de España precisamente porque somos in situ los que examinamos la situación de las entidades bajo el ámbito de supervisión de esta institución, incluidas las sociedades de tasación, conocemos de primera mano la situación del sector financiero español y la del mercado inmboliario nacional, por lo que, siendo conscientes como nadie de los riesgos a los que nos enfrentamos, no podemos ser tan optimistas», proclamaron.

En su carta a la entonces jefa de gabinete de Solbes, la ya fallecida Soledad Abad, el entonces presidente de la asociación de inspectores, Juan Manuel Quintero, amenazó incluso con hacer público el documento, pero finalmente este disciplinado cuerpo de la Administración optó por limitarse a informar a sus superiores.

Lo que advirtieron los inspectores...
... y lo que respondió el Gobierno

Zapatero embustero

>Riesgo acumulado. «El nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos seis años es muy superior (...) El proceso de aceleración del crédito bancario, originalmente circunscrito a entidades con menor cultura en la gestión de riesgo, se ha ido extendiendo a las demás entidades de crédito que operan en el sistema financiero español por efecto de la competencia» .

>Financiación externa. «El desmedido crecimiento del crédito bancario ha acabado provocando otro tipo de problemas en las entidades españolas. Algunos riesgos típicos del negocio bancario se han visto incrementados de forma muy acusada por la necesidad de las entidades de acudir al ahorro exterior para conseguir fondos necesarios para financiar el crecimiento de su inversión crediticia».

>Falta de provisiones. «Las entidades de crédito estarían operando sin afectar suficientemente sus cuentas de resultados con los cargos por provisiones necesarios para hacer frente a la pérdida esperada de sus carteras, por lo que, salvo que los gestores de las entidades hayan decidido unilateralmente retener una parte de los beneficios de las sociedades que dirigen, es previsible suponer que el nivel de solvencia de éstas acabe viéndose afectado una vez cambie la coyuntura y se manifieste el riesgo latente en sus carteras».

>Consecuencias en la población. «Si bien la gran mayoría de las entidades de crédito están bien capitalizadas, en otros escenarios (de crisis) no improbables, el número de familias que tendrá que afrontar serias dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros crecerá de manera alarmante.

Nuevo 'road show'

El director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, viajará esta semana a Londres para defender ante inversores y analistas la situación «real» y la solvencia de las cajas de ahorro y mejorar la visión que se tiene fuera de nuestras fronteras del sistema financiero español. Roldán tendrá que explicar la reconversión del sector, tras el paso de 45 a 17 entidades, pero también el nuevo marco regulativo en el que trabaja el Gobierno.

El 'road show' se producirá apenas unos días antes de el que emprenderá por Asia la propia Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) en busca de nuevo capital, posibilidad que se abre ahora con la nueva normativa, informa Europa Press.

1 comentario:

  1. Con semejante prepotencia y casta de inmorales, como van a reconocer una cosa flagrante. Mentirosos compulsivos y antipatriotas es lo que es este gobierno rancio.

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